CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD §9 Orden TIN/3016/2011, de 28 de octubre, por la que se crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración Ministerio de Trabajo e Inmigración «BOE» núm. 271, de 10 de noviembre de 2011 Última modificación: sin modificaciones Referencia: BOE-A-2011-17656 Vivimos en una época que ha visto la generalización de la sociedad de la información a todos los niveles y la Administración Pública no se ha visto excluida de esta realidad, más bien al contrario, ha tratado no solo de utilizar los medios tecnológicos necesarios para formar parte de la sociedad de la información, sino también de impulsar el uso de dichos medios en la sociedad en general y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración en particular. Ya en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se menciona el impulso al uso de medios electrónicos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias y también determina el sustrato legal de las comunicaciones administrativas y sus requisitos jurídicos de validez y eficacia, sobre los que soportar los requerimientos tecnológicos y de seguridad necesarios para proyectar sus efectos en las comunicaciones electrónicas. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal y posteriormente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo ponen de relieve que el uso de medios electrónicos conlleva unas necesidades de seguridad especifica de estos medios traducidas en una serie de medidas concretas aplicables a cualquier sistema de información que trate datos de carácter personal. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos consagra el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración Pública, dando respuesta también a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa. Esta Ley manifiesta la necesidad de una adecuada protección de la información y de los servicios que permita usar los medios electrónicos con confianza y a esta necesidad responde la publicación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. El Esquema Nacional de Seguridad tiene como finalidad crear las condiciones de confianza necesarias en el uso de los medios electrónicos, mediante medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permitan a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. Actualmente los sistemas de información de las Administraciones Públicas están fuertemente imbricados entre sí, – 149 –

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