CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 11 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
El título IV se ocupa de las obligaciones de seguridad de los operadores, y en él se prevé
la aplicación preferente de normas sectoriales que impongan obligaciones equivalentes a las
previstas en este real decreto-ley, sin perjuicio de la coordinación ejercida por el Consejo de
Seguridad Nacional y del deber de cooperación con las autoridades competentes en virtud
de este real decreto-ley.
En el título V, el más extenso, se regula la notificación de incidentes y se presta atención
a los incidentes con impacto transfronterizo y a la información y coordinación con otros
Estados de la Unión Europea para su gestión. En el título VI, se disponen las potestades de
inspección y control de las autoridades competentes y la cooperación con las autoridades
nacionales de otros Estados miembros, y en el título VII se tipifican las infracciones y
sanciones de este real decreto-ley. En este aspecto, el real decreto-ley se decanta por
impulsar la subsanación de la infracción antes que su castigo, el cual, si es necesario
dispensarlo, será efectivo, proporcionado y disuasorio, en línea con lo ordenado por la
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016.
El real decreto-ley se cierra con una parte final que incluye las disposiciones adicionales
y finales necesarias para completar la regulación.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas
reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos
relativos a los servicios de la sociedad de la información. Así mismo, se adecúa a los
principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la
iniciativa legislativa, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas atribuidas al
Estado en materia de régimen general de telecomunicaciones y seguridad pública por el
artículo 149.1.21.ª y 29.ª de la Constitución.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro
Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.
4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F.3), subvenir a un situación concreta,
dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por
el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes.
Por otro lado, la utilización del instrumento jurídico del real decreto-ley, en el presente
caso, además queda justificada por la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en su
Sentencia 1/2012, de 13 de enero, ha avalado la concurrencia del presupuesto habilitante de
la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución, cuando concurra el
retraso en la transposición de directivas.
En efecto, el plazo de transposición de la mencionada Directiva (UE) 2016/1148, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, se encuentra ya vencido a 9 de
mayo de 2018. La finalización del plazo de transposición de esta Directiva ha motivado la
iniciación por parte de la Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción n.º
2018/168.
En consecuencia, se entiende que en el conjunto y en cada una de las medidas que se
adoptan mediante el real decreto-ley proyectado, concurren, por su naturaleza y finalidad, las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la
Constitución como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del Ministro del Interior y de la Ministra
– 176 –
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents