CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 12 Desarrolla el Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
y de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, el real
decreto desarrolla los supuestos de cooperación y coordinación entre los equipos de
respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) de referencia, y de estos con las
autoridades competentes, que se instrumentan a través de la Plataforma Nacional de
Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes (artículo 4).
Con relación a la figura del punto de contacto único (artículo 5) que consagra la Directiva
(UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, se desarrollan
sus funciones de enlace para garantizar la cooperación transfronteriza con las autoridades
competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como con el grupo de
cooperación y la red de CSIRT.
Por otra parte, el artículo 6 de este real decreto desarrolla las previsiones del artículo
16.2 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, sobre las medidas necesarias para
el cumplimiento de las obligaciones de seguridad por parte de los operadores de servicios
esenciales, que habrán de concretarse en una declaración de aplicabilidad de medidas de
seguridad suscrita por el responsable de seguridad de la información del operador, cuyas
funciones también se desarrollan en el artículo 7 de este real decreto. El plazo para la
designación del responsable de la seguridad se establece en cumplimiento de la habilitación
recogida en el artículo 16.3 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre.
Por lo que se refiere a la notificación de incidentes, el real decreto, en sus artículos 8 y 9,
desarrolla las obligaciones de notificación por parte de los operadores de servicios
esenciales de los incidentes que puedan tener efectos perturbadores significativos en dichos
servicios, así como de los incidentes que puedan afectar a las redes y sistemas de
información empleados para la prestación de los servicios esenciales aun cuando no hayan
tenido un efecto adverso real sobre aquellos, por referencia a los niveles de impacto y
peligrosidad, según sea el caso, previstos en la Instrucción nacional de notificación y gestión
de ciberincidentes que se contiene en el anexo.
El procedimiento de notificación de incidentes se articula a través de la Plataforma
Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes (artículos 10 y 11), a fin de
permitir el intercambio de información entre los operadores de servicios esenciales y
proveedores de servicios digitales, las autoridades competentes y los CSIRT de referencia,
garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información (artículos 12 a
14).
Por último, en materia de supervisión de requisitos de seguridad, el real decreto
desarrolla en su artículo 15 la obligación de colaboración de los operadores de servicios
esenciales y los proveedores de servicios digitales con las autoridades competentes, que
podrán requerir, asimismo, la colaboración de los CSIRT de referencia para el ejercicio de su
función de supervisión.
En las disposiciones adicionales de este real decreto se recoge, entre otras materias, el
régimen jurídico aplicable al Banco de España teniendo en cuenta su especial configuración
jurídica como entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad
pública y privada, que en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines
actúa con autonomía respecto a la Administración General del Estado, y como parte
integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Mecanismo Único de
Supervisión (MUS). Esta especial configuración jurídica supone que el marco de seguridad
de las redes y sistemas de información resulte de aplicación en la medida en que no
interfiera con la naturaleza, funciones e independencia del Banco de España.
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Responde, en primer lugar, a los principios de necesidad y
eficacia, en tanto que la norma es necesaria para llevar a cabo el desarrollo reglamentario
del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, que transpone la Directiva (UE)
2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016 y, en concreto, para
establecer el marco estratégico e institucional de seguridad de las redes y sistemas de
información, las obligaciones de seguridad y la gestión de incidentes, siendo el instrumento
más idóneo para la consecución de este objetivo. En segundo término, la norma cumple con
el principio de proporcionalidad, al no existir otras medidas menos gravosas para los
operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales destinadas a cumplir
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