CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 12 Desarrolla el Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
meses desde la designación del operador como operador de servicios esenciales, deberá
revisarse, al menos, cada tres años. Tanto la Declaración de Aplicabilidad de medidas de
seguridad inicial, como sus sucesivas revisiones serán objeto de supervisión por la autoridad
competente respectiva, según se prevé en el artículo 14 de este real decreto.
5. Las medidas a las que se refieren los apartados anteriores tomarán como referencia
las recogidas en el anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, en la medida
en que sean aplicables, y se basarán, cuando sea posible, en otros esquemas nacionales de
seguridad existentes.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán tenerse en cuenta otros estándares reconocidos
internacionalmente.
6. Las medidas adoptadas podrán ser complementadas con otras, atendiendo a
necesidades específicas, entre ellas, la posibilidad de exigir un documento de aplicabilidad
de los sistemas afectados por esta normativa, en aquellos operadores con entornos de
sistemas de información especialmente complejos. En particular, se complementarán con las
que, en su caso, establezcan con carácter específico las autoridades competentes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 y el artículo 32.2 del Real Decreto-ley
12/2018, de 7 de septiembre.
7. En la elaboración de las políticas de seguridad de las redes y sistemas de información
se tendrán en cuenta los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales, de
acuerdo con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento general de protección de
datos). En caso de que el análisis de gestión de riesgos de acuerdo con el Reglamento
general de protección de datos exija medidas adicionales a implantar respecto de las
previstas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, se adoptarán las medidas de acuerdo
con el artículo 24.1 del Reglamento general de protección de datos.
Artículo 7. Responsable de la seguridad de la información.
1. Los operadores de servicios esenciales designarán una persona, unidad u órgano
colegiado, responsable de la seguridad de la información que ejercerá las funciones de
punto de contacto y coordinación técnica con la autoridad competente y CSIRT de referencia
que le corresponda de conformidad con lo previsto en el apartado tercero. En el supuesto de
que el responsable de seguridad de la información sea una unidad u órgano colegiado, se
deberá designar una persona física representante, así como un sustituto de este que
asumirá sus funciones en casos de ausencia, vacante o enfermedad. El plazo para llevar a
cabo dicha designación será de tres meses desde su designación como operador de
servicios esenciales.
2. Los operadores de servicios esenciales comunicarán a la autoridad competente
respectiva la designación del responsable de la seguridad de la información dentro del plazo
establecido en el apartado anterior, así como los nombramientos y ceses que afecten a la
designación del responsable de la seguridad de la información en el plazo de un mes desde
que aquellos se produzcan.
3. El responsable de la seguridad de la información actuará como punto de contacto con
la autoridad competente en materia de supervisión de los requisitos de seguridad de las
redes y sistemas de información, y como punto de contacto especializado para la
coordinación de la gestión de los incidentes con el CSIRT de referencia. Se desarrollarán
bajo su responsabilidad, entre otras, las siguientes funciones:
a) Elaborar y proponer para aprobación por la organización, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.2 de este real decreto, las políticas de seguridad, que incluirán
las medidas técnicas y organizativas, adecuadas y proporcionadas, para gestionar los
riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados
y para prevenir y reducir al mínimo los efectos de los ciberincidentes que afecten a la
organización y los servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.
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