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de evaluar la legalidad de la conducta de un Estado. El uso de operaciones cibernéticas
hostiles para manipular el sistema electoral de otro Estado con el fin de alterar los
resultados de unas elecciones, así como socavar la estabilidad de su sistema
financiero, o actuar contra los servicios médicos esenciales de otro Estado podrían,
por lo tanto, dependiendo de las circunstancias, incumplir la prohibición del derecho
internacional en materia de intervenciones.
10. La Corte Internacional de Justicia ha determinado que son consideradas
intervenciones prohibidas todas aquellas que afectan a asuntos en los que cada Estado
puede, en virtud del principio de soberanía de los Estados, decidir de forma libre. La
soberanía como principio general es un concepto fundamental en el derecho
internacional. Habida cuenta de lo anterior, el Reino Unido recuerda que toda
prohibición de las actividades de los Estados ya sea en relación con el ciberespacio u
otros asuntos, deberá estar claramente establecida en el derecho internacional
consuetudinario o en un tratado vinculante para los Estados implicados. El Reino
Unido no considera que el concepto general de soberanía constituya en sí una base
clara o suficiente que permita extrapolar una norma concreta o incorporar una
prohibición adicional de conducta cibernética que vaya más allá de la no intervención
antes mencionada. De igual forma, el Reino Unido señala que puntos de vista
divergentes sobre estos asuntos no deberían impedir que los Estados puedan evaluar
si situaciones concretas constituyen actos internacionales ilícitos y llegar a
conclusiones comunes con respecto a dichos asuntos.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y ATRIBUCIÓN
11. El derecho internacional hace responsables a los Estados de toda actividad
cibernética que les sea atribuible, en virtud de las normas de responsabilidad de los
Estados. La responsabilidad de un Estado con respecto a actividades que tengan lugar
en su territorio, incluidas aquellas relacionadas con actividades en el ciberespacio
está por lo tanto determinada en función de las normas de derecho internacional de
responsabilidad del Estado. Al igual que es responsable por los actos de sus órganos
y agentes, en virtud del derecho internacional la responsabilidad también recae sobre
dicho Estado cuando, por ejemplo, un individuo o grupo de individuos actúa bajo sus
instrucciones o bajo su control o dirección.
12. La norma 13 (c) del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones
Unidas establece que los Estados no deberán permitir a sabiendas que su territorio sea
utilizado para cometer actos ilícitos internacionales utilizando las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Dicha norma incorpora orientaciones acerca de
todo aquello que puede constituir comportamiento adecuado por parte de un Estado.
El Reino Unido reconoce la importancia de que los Estados tomen medidas
apropiadas, razonablemente disponibles, y que puedan ser llevadas a la práctica
dentro de sus posibilidades para hacer frente a actividades que sean consideradas
perjudiciales, con el fin de lograr una mayor estabilidad del ciberespacio en interés
de todos los Estados. Cabe señalar que cuando los Estados se refieren a esta norma
como no vinculante, queda patente que no existe aún una práctica de los Estados
suficiente para crear una norma de derecho internacional consuetudinario de
“diligencia debida” que sea aplicable a las actividades en el ciberespacio.
13. El término “atribución” se emplea con relación al ciberespacio tanto en un
sentido jurídico como no jurídico. En el primero de los casos se utiliza para aludir a
la identificación de aquellos individuos responsables de un acto ilícito internacional.
También se emplea en un sentido no jurídico para describir la identificación de autores
(incluidos actores no estatales) que hayan llevado a cabo conductas cibernéticas que
podrían ser consideradas hostiles o de uso malintencionado, pero sin que impliquen
necesariamente la comisión de un acto ilícito internacional.
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