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libertad de diez a trece años.
La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o
intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de
operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será sancionada con pena
privativa de libertad de siete a diez años.
La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el
cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para beneficio
propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas en el inciso anterior.
Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán
incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público,
todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria
que realicen intermediación financiera.
Nota: Artículo reformado por Disposición Reformatoria Trigésima séptima de
Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de Septiembre del
2014.
Nota: Ver disposiciones en delitos de peculado contra el sistema financiero,
Resolución de la Corte Nacional de Justicia No. 8, ver Registro Oficial 539 de 9 de Julio
de 2015, página 46
Nota: Inciso cuarto reformado por artículo 4 de Ley No. 0, publicada en
Registro Oficial Suplemento 598 de 30 de Septiembre del 2015.
CONCORDANCIAS:
- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 129, 233
- CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 574
- CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2033
- LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 5, 31, 45, 52, 56, 73
- LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, Arts. 10, 24, 48
- CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 546
- CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO, LIBRO I, Arts. 215, 216
JURISPRUDENCIA:
- DELITO DE CONCUSION, Gaceta Judicial 23, 1930
- SUSTRACCION DE PROCESOS, Gaceta Judicial 15, 1951
- DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO, Gaceta Judicial 3, 2007
- PECULADO, Gaceta Judicial 12, 2012
- PECULADO, Gaceta Judicial 12, 2013
Art. 279.- Enriquecimiento ilícito.- Las o los servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones
del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido
para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o
mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a
cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán
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