La defensa es un bien público que requiere ser financiado por el Estado: primero, porque cumple una función social básica para la existencia de la sociedad y, segundo, porque se trata de un bien cuya provisión no puede ser entregada por el mercado. La defensa constituye un bien social puro, ya que no existe rivalidad en su consumo –todos reciben defensa por igual- y nadie debe consumir el bien defensa en forma exclusiva en desmedro del resto. Atendiendo a estas características, el Estado es responsable de dotar de capacidades a la Defensa y de velar por su sostenimiento, permitiendo el desarrollo nacional en un ambiente seguro. Esto significa atender a las necesidades propias de la Defensa sin postergar las necesidades básicas del Estado, a partir de un proceso de inversión de largo plazo. Los recursos financieros entregados por el Estado se destinan a las actividades características de la Defensa y sus instituciones, pero también se aplican en las Áreas de Misión donde las Fuerzas Armadas, por la polivalencia de sus capacidades y en el marco de la Constitución y las leyes, están en condiciones de concurrir en beneficio del país.

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