La defensa es un bien público que requiere ser financiado por el Estado:
primero, porque cumple una función social básica para la existencia de la
sociedad y, segundo, porque se trata de un bien cuya provisión no puede
ser entregada por el mercado. La defensa constituye un bien social puro, ya
que no existe rivalidad en su consumo –todos reciben defensa por igual- y
nadie debe consumir el bien defensa en forma exclusiva en desmedro del
resto. Atendiendo a estas características, el Estado es responsable de dotar
de capacidades a la Defensa y de velar por su sostenimiento, permitiendo
el desarrollo nacional en un ambiente seguro. Esto significa atender a las
necesidades propias de la Defensa sin postergar las necesidades básicas del
Estado, a partir de un proceso de inversión de largo plazo.
Los recursos financieros entregados por el Estado se destinan a las actividades
características de la Defensa y sus instituciones, pero también se aplican en
las Áreas de Misión donde las Fuerzas Armadas, por la polivalencia de sus
capacidades y en el marco de la Constitución y las leyes, están en condiciones
de concurrir en beneficio del país.
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