Nacional y las 266 coordinaciones regionales.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas
públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional.
El diseño e implementación de la política pública en materia de prevención de la violencia y el delito ha sido poco efectiva y
descoordinada entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, sector privado, sociedad civil, así como
organismos internacionales y carente de enfoques que consideren las necesidades de la población en su ciclo de vida.
Dicha situación tiene su origen en tres causas. En primer lugar, históricamente las instituciones de seguridad pública han
carecido de marcos de referencia homologados en temas de prevención para la construcción de paz. Por su parte, el Programa
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, se estableció como instrumento de política pública
para la atención de los factores de riesgo y de protección con un enfoque de seguridad ciudadana, basado en la participación y la
construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que
debe ser garantizado por el Estado pero que debe ser coproducido por todos los actores sociales; no obstante, los resultados
indicaron que resultó insuficiente para articular los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades del gobierno federal, los
estados y los municipios en materia de prevención.
En segundo lugar, estructuralmente las instituciones de seguridad pública y de prevención de la violencia y el delito, han
carecido de medios (recursos humanos, técnicos, metodológicos) suficientes para la generación, análisis, presentación y uso de la
información. En el 2016, el SESNSP realizó un diagnóstico en los CEPS y entre los resultados destaca la valoración de las
personas titulares con respecto a la situación que prevalece en dichos Centros: 25% consideran que no cuentan con el
equipamiento necesario; 33% señala que la falta de personal es una de las principales problemáticas para su operación; 33%
valora que la falta de recursos económicos limita su operación; y 19% considera que las instalaciones en cuanto a infraestructura
y equipo, no son adecuadas.
Además, sólo un 6.5% del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública se utilizó para la capacitación del personal de los
CEPS, lo cual tiene como efecto una escasa profesionalización de los agentes encargados del diseño de los instrumentos de
seguimiento y evaluación de los programas y acciones en materia de prevención de la violencia y el delito.
Datos de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, desde 2015 al 2017,
exponen que no se ha reportado ninguna capacitación en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia dirigida a
funcionarios y funcionarias de áreas directivas en seguridad pública a nivel estatal, y apenas un 9% de los policías preventivos
recibieron alguna capacitación en esta materia durante el año 2017.
En tercer lugar, la falta de coordinación entre las instancias encargadas de la instrumentación de los programas en materia de
prevención de la violencia y el delito. Al respecto, el Diagnóstico de los CEPS elaborado por el SESNSP en el año 2016(11),
expone que 53% no se coordina con los municipios para desarrollar sus acciones, lo cual incide en la falta de articulación
interinstitucional para establecer acciones integrales que permitan incentivar procesos de colaboración entre los diferentes
órdenes de gobierno. Además, refiere que un 41% de las entidades federativas no tienen una Ley Estatal de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia.
En este contexto, se han generado incrementos constantes en la prevalencia delictiva. Según datos de la ENVIPE 2019(12),
durante 2018, 33.9% de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima de delito, incluidos: robo total o parcial de vehículo;
robo en casa habitación; robo o asalto en calle o transporte público; robo en general; fraude; extorsión; amenazas verbales;
lesiones, secuestro y delitos sexuales, entre otros.
Como se indica previamente, los resultados de la ENVIPE 2019 señalan que alrededor de 24.7 millones de personas de 18
años o más han sido víctimas de delito, lo que representa una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes durante
2018(13), en una tendencia que muestra un comportamiento ascendente:
Tasa de víctimas de
delito por cada 100 mil
habitantes por Año
Tasa de víctimas de delito
por cada 100 mil habitantes
2012
27,337
2013
28,224 *
2014
28,200
2015
28,202
2016
28,788
2017
29,746 *
2018
28,269*
Fuente: ENVIPE 2019.
*En estos casos existió un cambio estadísticamente significativo con relación al año anterior.
Por su parte, la ENVIPE 2019 muestra que la percepción de la población respecto a la situación actual sobre la inseguridad
pública en su colonia, localidad, municipio o alcaldía y entidad federativa, ha ido en aumento al comparar los niveles de 2013 a
2019, a la vez que se reflejan diferencias en la percepción de mujeres y hombres:
Porcentaje de población que percibe inseguridad en el Municipio o Alcaldía
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