operación y seguridad del sistema penitenciario.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, realizado por la CNDH, otra de las principales
problemáticas de los Centros Penitenciarios Estatales visitados, es la falta de espacios dignos para las PPL, ya que de los 165
Centros supervisados, en el 76% se informa una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así mismo en un 72% se
presentan deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las PPL (dormitorios).
El mismo diagnóstico de la CNDH, de los Centros Penitenciarios Estatales supervisados, en un 45% se observó un bajo
control en las funciones de autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro de los mismos. Adicionalmente, se reportó
que en el 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación(15), lo que genera otro tipo de problemáticas que afectan su
funcionamiento, y en el 44% de estos centros existe hacinamiento(16), con áreas que rebasan de manera importante su
capacidad.
Actualmente el Sistema Penitenciario Nacional se integra por 300 centros en total, 19 son federales (dos se encuentran
cerrados por rehabilitación), 279 estatales y dos municipales, con un total de 214,992 espacios y con una población penitenciaria
a nivel nacional de 201,343 PPL de acuerdo con la estadística penitenciaria nacional al mes de julio de 2019.
Los centros penitenciarios federales tienen una capacidad instalada de 33,024 espacios, de los cuales 17,211 se encuentran
ocupados por PPL y 15,813 están disponibles, lo que permite corroborar que a nivel federal no se registra sobrepoblación; por el
contrario, en los centros estatales se registra una capacidad para 181,968 PPL y se reporta una población de 184,132 PPL, lo
cual representa una sobrepoblación de 2,164 PPL.
El problema de sobrepoblación se encuentra focalizado en los centros penitenciarios de 11 estados del país, destacando por la
magnitud de este fenómeno el Estado de México con una sobrepoblación de 16,080 PPL, Jalisco con 3,389, Durango con 1,783,
Puebla con 1,371 y Morelos 1,287.
ENTIDAD
POBLACIÓN
ESPACIOS
SOBREPOBLACIÓN
Estado de México
29,339
13,259
16,080
Jalisco
13,284
9,895
3,389
Durango
3,875
2,092
1,783
Puebla
7,383
6,012
1,371
Morelos
3,334
2,047
1,287
Nayarit
2,049
1,121
928
Chihuahua
8,148
7,315
833
Tabasco
3,912
3,146
766
Hidalgo
4,221
3,569
652
Guerrero
4,245
3,894
351
Quintana Roo
2,850
2,571
279
Fuente: Datos del cuadernillo estadístico Prevención y Readaptación Social, Julio 2019.
Del total de las PPL en México, 170,925 corresponden al fuero común, lo cual equivale al 85%, y 30,418 son del fuero federal
lo que representa el 15%; de esta población, el 38% se encuentran procesadas y 62% sentenciadas; 95% son hombres y 5% son
mujeres. A la inadecuada clasificación, ubicación y separación de las PPL se suma el escaso control ejercido por las autoridades
y personal penitenciario, lo que vulnera la seguridad al imperar el autogobierno.
Se ha incumplido con las disposiciones normativas en materia de ubicación de las PPL en los centros penitenciarios, como las
referentes a su separación conforme a criterios de igualdad, integridad y seguridad, que permitan garantizar su protección e
integridad:
· Las mujeres cumplirán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
· Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas.
· Las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o por sentencia de medidas
especiales de seguridad, deberán encontrarse en centros especiales.
Por otra parte, la falta de personal penitenciario, las deficiencias en su profesionalización, así como la falta de programas
enfocados en la formación de docentes e instructores para el desarrollo de competencias, afectan el desempeño de sus
actividades y funciones, lo que puede llegar a generar actos de corrupción dentro de los centros penitenciarios.
Otro problema se origina en las deficiencias de profesionalización del personal penitenciario como resultado de la falta de
actualización de los contenidos de los programas de formación inicial, educación continua, formación de instructores y mandos del
personal penitenciario conforme a los objetivos del Programa Rector de Profesionalización y la falta de un sistema de
investigación académico que contribuya a mejorar las políticas en materia de capacitación del sistema penitenciario federal. Lo
anterior repercute, como consecuencia final, en la afectación a los derechos humanos de las PPL en los centros penitenciarios
federales.
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