Por otro lado, se aprecia una débil coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en materia penitenciaria, lo que se
traduce en el incumplimiento de los acuerdos generados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para generar
políticas públicas de reinserción social y en la falta de políticas las públicas diseñadas para fortalecer los sistemas estatales en
materia de desarrollo penitenciario, seguridad y condiciones de internamiento.
Para atender todas estas problemáticas que aquejan al Sistema Penitenciario Nacional se diseña este Objetivo prioritario para
contribuir a la disminución de la incidencia delictiva a partir del fortalecimiento de los programas de reinserción social. Asimismo,
se busca que prevalezca el respeto a los derechos humanos de las PPL y de sus familiares, así como la atención a grupos con
requerimientos específicos y asegurar que no sean discriminados.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de
seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia,
prevención y persecución del delito.
Las instituciones de seguridad pública han demostrado incapacidad para hacer frente a la violencia y la inseguridad que
prevalece en nuestro país. Una de las causas es la obsolescencia de su infraestructura tecnológica sobre la que actualmente
desarrolla su operación. Derivado de esto surge el compromiso de proveer tecnologías que permitan el intercambio de
información para generar inteligencia en la prevención y persecución del delito.
Una de las afectaciones sociales de dicha obsolescencia tecnológica se manifiesta en delitos cibernéticos que han abierto
nuevos espacios que la delincuencia utiliza para su comisión, donde los grupos vulnerables se han convertido tanto en blanco
como en replicadores de violencia.
En los últimos seis años, se atendieron más de 260 mil incidentes y 68 mil reportes ciudadanos; neutralizando alrededor de 26
mil sitios web identificados con actividades ilícitas, y se han realizado 4,500 colaboraciones internacionales, por lo que se requiere
de atención prioritaria.
Entre los principales problemas detectados en materia tecnológica se encuentran los siguientes:
· Insuficiente capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información producida por las instituciones de
seguridad, por lo que se requiere de la aplicación de nuevas tecnologías para ampliar dichas capacidades. Asimismo, es
necesario promover acuerdos interinstitucionales para ampliar la cobertura, diversificar los servicios y aprovechar las
nuevas tecnologías.
· Los sistemas de información y las bases de datos de las instituciones de seguridad no se encuentran homologadas, por lo
que su interoperabilidad no es factible sobre todo cuando estas requieren compartir e intercambiar información y
productos de inteligencia.
· La Red Nacional de Radiocomunicación no se encuentra homologada en cuanto a tecnología con las instituciones de
seguridad de los tres órdenes de gobierno, razón por la cual no es posible establecer una eficiente comunicación entre las
mismas.
· Se requiere capacitación permanente del personal técnico de las instituciones de seguridad con la intención de proporcionar
el mantenimiento y la atención que los servicios requieren para el uso eficiente de la infraestructura tecnológica, que
garantice la disponibilidad y oportunidad de los servicios.
· La constante actualización tecnológica requiere de sistemas de gestión de seguridad de la información más eficientes que
incorporen estrategias de ciberseguridad para la prevención, detección y respuesta a incidentes como ataques
cibernéticos en las instituciones de seguridad. En este sentido, es necesario fortalecer la seguridad a fin de evitar las
vulnerabilidades lógicas y físicas en las plataformas tecnológicas de las instituciones de seguridad, así como ampliar los
acuerdos de colaboración interinstitucional para fortalecer los mecanismos de seguridad de la información.
Por lo anterior y en cumplimiento al PND 2019-2024 en su Eje 1 Política y Gobierno, apartado Cambio de Paradigma, y
objetivo 8 "Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz" de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra comprometida a realizar acciones que permitan la coordinación,
interoperabilidad, el suministro, intercambio y explotación de la información; obtener información en tiempo real, la identificación
de personas, monitorear puntos de incidencia delictiva; y georreferenciar los diferentes tipos de delitos, permitiendo mejorar las
capacidades de investigación así como la generación de inteligencia, para prevenir y perseguir el delito.
En este contexto, este objetivo prioritario cobra relevancia en el marco del cambio de paradigma en materia de seguridad
pública, toda vez que a través de la actualización e implementación de infraestructura tecnológica adecuada en las instituciones
de seguridad se busca mejorar sus capacidades en apoyo a las labores de seguridad, análisis y política criminal.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible,
seguro y resiliente.
Del año 2000 a 2017, el CENAPRED evaluó el impacto social y económico de los desastres; las pérdidas en México se
estimaron en 9,009 decesos y en 512,413 millones de pesos en esa misma materia. En ese mismo periodo, alrededor de 53
millones de habitantes tuvieron alguna afectación directa o indirecta en su vida, ya sea por la pérdida de su patrimonio o de sus
medios de vida, derivado del impacto de algún fenómeno perturbador.
En términos de daños a la infraestructura, se contabilizaron casi 1.5 millones de viviendas, más de 38 mil escuelas, así como
alrededor de más de 2 mil centros de salud y hospitales afectados. Adicionalmente, los sismos que impactaron el territorio
nacional durante el año 2017 evidenciaron una alta vulnerabilidad; condición en la que se encuentran alrededor de 250
municipios, aunado a una ausencia de normatividad o quebrantamiento en materia de diagnóstico de peligros y reglamentación de
la edificación, lo cual incrementa la construcción social del riesgo.
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