BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 31 de marzo de 2012
Sec. I. Pág. 26944
Cuarenta y seis. Se añade nuevos párrafos e), f) y g) al apartado 3 del artículo 56
con la siguiente redacción:
«e) Emitir ordenes de poner fin a la prestación de un servicio o de una serie
de servicios, o aplazarla cuando dicha prestación pudiera tener como resultado
perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones de
acceso impuestas a raíz de un análisis de mercado con arreglo al artículo 10. Esta
medida, junto con las razones en que se basa, se comunicará al operador afectado
sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma.
f) Impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de
comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso
de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la
prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento de
derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto,
cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracción.
g) Adoptar medidas provisionales de urgencia destinadas a remediar
incumplimientos de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o
la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las
obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando los mismos representen
una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública o
creen graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o
usuarios del espectro radioeléctrico. Posteriormente deberá ofrecerse al operador
interesado la posibilidad de proponer posibles soluciones. En su caso, la autoridad
competente podrá confirmar las medidas provisionales, que serán válidas durante
tres meses como máximo, prorrogables por otro periodo de hasta tres meses en
caso de que no hayan concluido los procedimientos de ejecución.»
Cuarenta y siete. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional séptima, que
queda redactado del modo siguiente:
«4. Mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros podrán
imponerse, como obligaciones de servicio público, exigencias razonables de
transmisión de determinados canales de programas de radio y televisión, así como
exigencias de transmisión de servicios complementarios para posibilitar el acceso
adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes
de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de
radio o televisión al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas
redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y
televisión, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de interés general
claramente definidos y de forma proporcionada, transparente y periódicamente
revisable.
Asimismo, podrán establecerse mediante real decreto condiciones a los
proveedores de servicios y equipos de televisión digital, para que cooperen en la
prestación de servicios de comunicación audiovisual televisiva interoperables para
los usuarios finales con discapacidad.»
Cuarenta y ocho. Se modifica la disposición adicional octava, que queda redactada
de la manera siguiente:
«Disposición adicional octava.
Mecanismo de notificación.
Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación de
acuerdo con los artículos 10, 13 y 13 bis y de la disposición adicional séptima de
esta Ley y de su normativa de desarrollo, así como todas aquellas medidas que
pudieran tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, se
someterán a los mecanismos de notificación a que se refieren artículos 7, 7 bis y 7 ter
de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
cve: BOE-A-2012-4442
Núm. 78
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