La participación de diferentes actores de la Función Ejecutiva, al igual que otras funciones
del Estado, las Empresas Públicas, los operadores de infraestructuras críticas, los
representantes de la academia, los centros de respuesta a incidentes, actores del sector
privado y de la sociedad civil en la elaboración de la Política, permitirá establecer un
horizonte en el cual se implementen diferentes líneas de acción y a partir un proceso de
seguimiento y monitoreo, poder obtener resultados a corto y mediano plazo, a través con
el liderazgo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
7. RECOMENDACIONES
En función del análisis técnico realizado en el presente informe, se recomienda a la
máxima autoridad o su delegado la publicación del instrumento legal correspondiente
para la publicación de la Política Nacional de Ciberseguridad.
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