especializadas de las distintas carteras de Estado para identificar, diagnosticar, prevenir y
contrarrestar incidentes cibernéticos y demás acciones ilegales que puedan presentarse en el
ciberespacio.
Cabe mencionar que las innovaciones en las plataformas de delito cibernético tienen una
mayor facilidad de uso y la popularidad de estos servicios conlleva a ataques más eficientes,
inclusive siendo empleados por todos los demás grupos de actores de amenaza.
En el marco de la prevención de incidentes cibernéticos se ha priorizado la protección de
infraestructuras críticas digitales y servicios esenciales. Salvaguardar estas infraestructuras y
servicios no es una tarea nueva, por cuanto desde la óptica de soberanía y seguridad del
Estado ya se identificaban áreas estratégicas a defender. Los nuevos enfoques de la seguridad
implican un cambio en la óptica de estos espacios vitales para el Estado, los cuales, en torno
a consideraciones de desarrollo, económicas, ambientales y de seguridad, amplían el alcance
y la concepción de estas infraestructuras.
A nivel regional, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), define a las infraestructuras críticas digitales y servicios
esenciales como aquellas instalaciones, sistemas y redes, así como servicios y equipos físicos
y de tecnología de la información, cuya inhabilitación o destrucción tendría un impacto
negativo sobre la población, la salud pública, la seguridad, la actividad económica, el medio
ambiente, servicios de gobierno, o el eficaz funcionamiento de un Estado (…) y que cualquier
interrupción de estos (...) tendría graves consecuencias para los flujos de servicios esenciales
y el funcionamiento de las cadenas de suministros (OEA/Ser.L/X.2.15; CICTE/doc.1/15).
En lo nacional es imperante desarrollar una concepción de sectores estratégicos que
contemple el concepto de protección de la infraestructura crítica digital y servicios esenciales
planteado por la OEA. En este sentido, el Ecuador tiene la necesidad de actualizar o
desarrollar normativas y regulaciones nacionales que permitan fortalecer la protección de
estas infraestructuras y sus servicios.
El Estado ecuatoriano reconoce como una prioridad la protección de las infraestructuras
críticas y servicios esenciales, por cuanto las mismas se ven amenazadas por hechos de origen
antrópico y también natural. En el país, la mayoría de estas infraestructuras y servicios, tanto
públicos como privados, dependen de las TIC y TO para su normal funcionamiento. La
vulneración de estos sistemas, ocasionaría la falla e interrupción de servicios esenciales para
la sociedad, con graves consecuencias para la población.
Determinar las vulnerabilidades de estas infraestructuras requiere, en principio, su
identificación y definición a nivel nacional; su protección es responsabilidad del Estado, de los
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