A partir del año 2016, el Plan Nacional de Telecomunicaciones y TI 2016-2021, delinea
el futuro del sector de las telecomunicaciones, impulsando la mejora de estos servicios y
la reducción de la brecha digital. Además, se actualizó el Plan Nacional de Gobierno
Electrónico 2018-2021, que en sus tres ejes de acción y catorce estrategias, vincula a la
ciberseguridad con las personas naturales y jurídicas mediante la implementación de la
emisión de un modelo estandarizado de ciberseguridad para la Administración Pública
Central, Institucional y Dependiente (APCID), el fortalecimiento del Centro de Respuesta
a Incidentes Informáticos del Ecuador (EcuCERT) actualmente gestionado por la Agencia
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), y la capacitación de
los funcionarios de la APCID en la implementación del modelo de ciberseguridad.
Se ha desarrollado la propuesta de normativa de protección de datos personales a través
de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINADARP), entidad adscrita
al MINTEL y que lidera este esfuerzo, apoyada por sectores clave que ayudan en el
desarrollo de dicha normativa, Este proyecto de ley se encuentra en fase de análisis por
parte de la Asamblea Nacional. Asimismo, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
determina la obligación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones de
garantizar en el ejercicio de su actividad la protección de datos de carácter personal, al
igual que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, garantiza
la protección de los datos contenidos en todos los registros públicos.
La legislación de protección al consumidor de Ecuador no protege del todo a los
consumidores contra el fraude en línea y otras formas de delito cibernético o negligencia
comercial y la Defensoría del Pueblo (responsable de la protección del consumidor) no
tiene capacidades suficientes para abordar la protección del consumidor en línea.
Se ha adoptado una legislación integral sobre propiedad intelectual de productos y
servicios en línea y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) está
designado como la entidad encargada de velar por su cumplimiento.
En 2020 se emitió la Política de Datos Abiertos, de aplicación para las Instituciones de la
Administración Pública, cuyo objetivo es consolidar los procesos de organización y
publicación de los datos que generan estas instituciones. La finalidad de esta política es
fortalecer la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, mejorar la
eficiencia en la gestión pública, promover la investigación, el emprendimiento y la
innovación en lo que se refiere a tecnologías de la información. Como complemento de
esta política el 15 de enero de 2021, mediante Registro Oficial Suplemento Nro. 371, se
emitió la Guía de Datos Abiertos que permite la implementación de las directrices de la
política, y cuyo objetivo es proporcionar criterios técnicos y metodológicos para
planificar, abrir, publicar y promover la utilización de los datos abiertos gubernamentales.
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