CAPITULO UNICO
Artículo 135. Homicidio en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de
conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios
Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de
treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se
entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa
análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o
refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV
de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a
ratificarse.
Adicionado por el art. 27, Ley 1257 de 2008. <El texto adicionado es el siguiente> La pena
prevista en este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere
contra una mujer por el hecho de ser mujer.
Artículo 136. Lesiones en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto
armado, cause daño a la integridad física o a la salud de persona protegida conforme al
Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en las sanciones previstas para el delito de
lesiones personales, incrementada hasta en una tercera parte.
Artículo 137. Tortura en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto
armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella
cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier
razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte
(20) años, multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a
veinte (20) años.
NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional en
Sentencia C-148 de 2005
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