opiniones políticas o de cualquier otra índole atente
contra la dignidad humana o anule o menoscabe los
derechos y libertades de las personas mediante la
realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación
a la que tenga derecho;
II. Niegue
o
restrinja
derechos
laborales,
principalmente por razón de género o embarazo; o
límite un servicio de salud, principalmente a la
mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
Al servidor público que, por las razones previstas en
el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a
una persona un trámite, servicio o prestación a que
tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena
prevista en el primer párrafo del presente artículo, y
además se le impondrá destitución e inhabilitación
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo lapso de la privación
de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas
aquellas medidas tendentes a la protección de los
grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo
sean cometidas por persona con la que la víctima
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