CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 10 Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
3. Los modelos de datos a los que se refieren los apartados 1 y 2, se ajustarán a lo
previsto sobre estándares en el artículo 11 y se publicarán, junto con las definiciones y
codificaciones asociadas, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la
Administración, según las condiciones de licenciamiento previstas en el artículo 16.
4. Las definiciones y codificaciones empleadas en los modelos de datos a los que se
refieren los apartados anteriores tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública y el resto de disposiciones que regulan la función
estadística.
CAPÍTULO V
Interoperabilidad técnica
Artículo 11. Estándares aplicables.
1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de
forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al
objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y,
de forma que:
a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades
de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras
Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares
abiertos.
b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las
Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones
públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en
condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la
discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
2. En las relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, el uso en
exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un
estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un
estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en
cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Las Administraciones públicas
promoverán las actividades de normalización con el fin de facilitar la disponibilidad de los
estándares abiertos relevantes para sus necesidades.
3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento del catálogo de
estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios:
a) El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación pública junto con
las definiciones de norma y especificación técnica establecidos en el Reglamento n.º
1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre
normalización europea.
b) La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, anexo,
letra k).
c) Carácter de especificación formalizada.
d) Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso», establecida en el
anexo de este real decreto.
e) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades
y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a su desarrollo, uso o implementación,
documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar; a las
condiciones relativas a la madurez, apoyo y adopción del mismo por parte del mercado, a su
potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su
implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.
4. Para el uso de los estándares complementarios a la selección indicada en el apartado
anterior, se tendrá en cuenta la definición de «uso generalizado por los ciudadanos»
establecida en el anexo del presente real decreto.
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