CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 11 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
3. El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetará al procedimiento aplicable, con
carácter general, a la actuación de las Administraciones públicas. No obstante, el plazo
máximo de duración del procedimiento será de un año y el plazo de alegaciones no tendrá
una duración inferior a un mes.
Artículo 42. Concurrencia de infracciones.
1. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en este real decreto-ley
cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra tipificada en la
normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien
jurídico protegido.
2. Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera conocimiento
de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará
cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y
sanción.
Disposición adicional primera. Relación inicial de servicios esenciales y operadores de
servicios esenciales.
La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas aprobará una
primera lista de servicios esenciales dentro de los sectores incluidos en el ámbito de
aplicación de este real decreto-ley e identificará a los operadores que los presten que deban
sujetarse a este real decreto-ley en el siguiente orden:
a) Antes del 9 de noviembre de 2018: los servicios esenciales y los operadores
correspondientes a los sectores estratégicos energía, transporte, salud, sistema financiero,
agua, e infraestructuras digitales.
b) Antes del 9 de noviembre de 2019: los servicios esenciales y los operadores
correspondientes al resto de los sectores estratégicos recogidos en el anexo de la Ley
8/2011, de 28 de abril.
Disposición adicional segunda. Comunicaciones electrónicas y servicios de confianza.
La aplicación de este real decreto-ley a los operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y de servicios electrónicos de confianza que sean designados
como operadores críticos en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, no obstará a la
aplicación de su normativa específica en materia de seguridad.
El Ministerio de Economía y Empresa, como órgano competente para la aplicación de
dicha normativa, y el Ministerio del Interior actuarán de manera coordinada en el
establecimiento de obligaciones que recaigan sobre los operadores críticos. Así mismo,
mantendrán un intercambio fluido de información sobre incidentes que les afecten.
Disposición adicional tercera. Notificación de violaciones de seguridad de los datos
personales a través de la plataforma común prevista en este real decreto-ley.
La plataforma común para la notificación de incidentes prevista en este real decreto-ley
podrá ser empleada para la notificación de vulneraciones de la seguridad de datos
personales según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE, en los términos que acuerden la Agencia Española de Protección de
Datos y los órganos que gestionen dicha plataforma.
Disposición adicional cuarta. Proveedores de servicios digitales ya existentes.
Los proveedores de servicios digitales que ya vinieran prestando servicios deberán
comunicar su actividad a la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de
Economía y Empresa, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real
decreto-ley.
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