CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 12 Desarrolla el Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
b) Verificar el cumplimiento de las funciones del responsable de seguridad de la
información designado por los operadores de servicios esenciales, según lo previsto en el
artículo 7.3 de este real decreto.
c) Realizar las comprobaciones, inspecciones, pruebas y revisiones necesarias para
verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el artículo 6, en particular,
la política de seguridad de los operadores de servicios esenciales y la Declaración de
aplicabilidad de medidas de seguridad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de
septiembre, cuando el volumen o complejidad de las actuaciones de inspección que deban
desarrollarse así lo aconseje, las autoridades competentes podrán requerir al operador de
servicios esenciales la remisión de un informe de auditoría, elaborado por una entidad
externa, solvente e independiente, sobre la seguridad de sus redes y sistemas de
información.
5. Los CSIRT de referencia colaborarán con las autoridades competentes, cuando estas
se lo requieran, en el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior. En
particular, facilitarán asesoramiento técnico sobre la idoneidad de las medidas de seguridad
adoptadas por los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios
digitales en virtud del artículo 6 de este real decreto.
Asimismo, cuando se trate de operadores con incidencia en la Defensa Nacional a que
se refiere el artículo 4.2 de este real decreto, el ESPDEF-CERT del Mando Conjunto del
Ciberespacio podrá colaborar en la supervisión con la autoridad competente.
6. En el caso de los proveedores de servicios digitales la supervisión se llevará a cabo
de manera coordinada con las autoridades competentes correspondientes de los Estados
miembros de la Unión Europea donde dichos proveedores presten servicios o tengan su
establecimiento principal en la Unión.
Disposición adicional primera. Designación del responsable de la seguridad de la
información por los operadores de servicios esenciales designados.
Los operadores de servicios esenciales designados conforme a lo previsto en la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, deberán
comunicar a la autoridad competente respectiva la identidad del responsable de la seguridad
de la información en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto.
Disposición adicional segunda.
Orientaciones para la gestión de incidentes y
cumplimiento de las obligaciones de notificación.
El Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta de su comité especializado en materia
de ciberseguridad, y articuladas sus funciones como punto de contacto único a través del
Departamento de Seguridad Nacional, podrá aprobar orientaciones en relación con la
Instrucción Nacional de Notificación y Gestión de Incidentes recogida en el anexo, así como
para la actualización de la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, que
incluyan directrices y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones de
notificación previstas en este real decreto, así como en el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de
septiembre, con objeto de mejorar la coordinación y optimizar los recursos dedicados a la
gestión de los incidentes que afecten a la seguridad de las redes y sistemas de información.
Disposición adicional tercera. Régimen específico del Banco de España.
Las disposiciones del presente real decreto se entenderán sin perjuicio de las
competencias y funciones atribuidas al Banco de España, al Banco Central Europeo y al
Sistema Europeo de Bancos Centrales, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco
Central Europeo, Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013,
que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, y la Ley 13/1994, de
1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
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