CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 6 Esquema Nacional de Seguridad
La segunda disposición adicional regula las instrucciones técnicas de seguridad, de
obligado cumplimiento y las guías de seguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación (guías CCN-STIC).
Por último, la tercera disposición adicional establece el cumplimiento del llamado
principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH, por sus
siglas en inglés, Do No Significant Harm) y las condiciones del etiquetado climático y digital.
La disposición transitoria única fija un plazo de veinticuatro meses para que los sistemas
de información del ámbito de aplicación de este real decreto, preexistentes a su entrada en
vigor, alcancen su plena adecuación al ENS.
La disposición derogatoria suprime el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.
Por último, la norma cuenta con tres disposiciones finales. La primera de ellas enumera
los títulos competenciales; la segunda disposición final habilita a la persona titular del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para dictar las disposiciones
necesarias para la su aplicación y desarrollo, sin perjuicio de las competencias de las
comunidades autónomas para el desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado, y
la disposición final tercera ordena la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
El real decreto se complementa con cuatro anexos: el anexo I regula las categorías de
seguridad de los sistemas de información, detallando la secuencia de actuaciones para
determinar la categoría de seguridad de un sistema; el anexo II detalla las medidas de
seguridad; el anexo III se ocupa del objeto, niveles e interpretación de la Auditoría de la
seguridad y, por último, el anexo IV incluye el glosario de términos y definiciones.
Con relación, en particular, al anexo II, este detalla las medidas de seguridad
estructuradas en tres grupos: el marco organizativo, constituido por el conjunto de medidas
relacionadas con la organización global de la seguridad; el marco operacional, formado por
las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de
componentes para un fin; y las medidas de protección, que se centran en proteger activos
concretos, según su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de las
dimensiones afectadas. Como se ha dicho, la modificación del marco táctico y operativo en
el que se desenvuelven las ciberamenazas y sus correlativas salvaguardas ha obligado a
actualizar el elenco de medidas de seguridad del anexo II, con objeto de añadir, eliminar o
modificar controles y sub-controles, al tiempo que se incluye un nuevo sistema de
referencias más moderno y adecuado, sobre la base de la existencia de un requisito general
y de unos posibles refuerzos, alineados con el nivel de seguridad perseguido. Todo ello se
efectúa con el objetivo de afianzar de manera proporcionada la seguridad de los sistemas de
información concernidos, y facilitar su implantación y auditoría.
IV
El real decreto, cuya aprobación está incluida en el Plan Anual Normativo de la
Administración General del Estado para el año 2022, se ajusta a los principios de buena
regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia).
Así, la norma es acorde con los principios de necesidad y eficacia en tanto que persigue
un interés general al concretar la regulación del ENS desarrollando en este aspecto la Ley
40/2015, de 1 de octubre y otros aspectos concretos de la normativa nacional y de la Unión
Europea mencionada en este preámbulo. La norma es también acorde con el principio de
proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los
objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica,
siendo coherente con el resto del ordenamiento, estableciéndose un marco normativo
estable, integrado y claro. Durante el procedimiento de elaboración de la norma y aún en el
contexto de la aplicación de las previsiones del artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, por tratarse de una tramitación de urgencia acordada por el
Consejo de Ministros, se han formalizado los trámites de audiencia e información pública,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 26
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en cumplimiento del principio de transparencia,
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