CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 11 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
El real decreto-ley se aplicará a las entidades que presten servicios esenciales para la
comunidad y dependan de las redes y sistemas de información para el desarrollo de su
actividad. Su ámbito de aplicación se extiende a sectores que no están expresamente
incluidos en la Directiva, para darle a este real decreto-ley un enfoque global, aunque se
preserva su legislación específica. Adicionalmente, en el caso de las actividades de
explotación de las redes y de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y los
recursos asociados, así como de los servicios electrónicos de confianza, expresamente
excluidos de dicha Directiva, el real decreto-ley se aplicará únicamente en lo que respecta a
los operadores críticos.
El real decreto-ley se aplicará, así mismo, a los proveedores de determinados servicios
digitales. La Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio
de 2016, los somete a un régimen de armonización máxima, equivalente a un reglamento,
pues se considera que su regulación a escala nacional no sería efectiva por tener un
carácter intrínsecamente transnacional. La función de las autoridades nacionales se limita,
por tanto, a supervisar su aplicación por los proveedores establecidos en su país, y
coordinarse con las autoridades correspondientes de otros países de la Unión Europea.
Siguiendo la citada Directiva, el real decreto-ley identifica los sectores en los que es
necesario garantizar la protección de las redes y sistemas de información, y establece
procedimientos para identificar los servicios esenciales ofrecidos en dichos sectores, así
como los principales operadores que prestan dichos servicios, que son, en definitiva, los
destinatarios de este real decreto-ley.
Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deberán
adoptar medidas adecuadas para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de
las redes y sistemas de información que utilicen, aunque su gestión esté externalizada. Las
obligaciones de seguridad que asuman deberán ser proporcionadas al nivel de riesgo que
afronten y estar basadas en una evaluación previa de los mismos. Las normas de desarrollo
de este real decreto-ley podrán concretar las obligaciones de seguridad exigibles a los
operadores de servicios esenciales, incluyendo en su caso las inspecciones a realizar o la
participación en actividades y ejercicios de gestión de crisis.
El real decreto-ley requiere así mismo que los operadores de servicios esenciales y los
proveedores de servicios digitales notifiquen los incidentes que sufran en las redes y
servicios de información que emplean para la prestación de los servicios esenciales y
digitales, y tengan efectos perturbadores significativos en los mismos, al tiempo que prevé la
notificación de los sucesos o incidencias que puedan afectar a los servicios esenciales, pero
que aún no hayan tenido un efecto adverso real sobre aquellos, y perfila los procedimientos
de notificación.
La notificación de incidentes forma parte de la cultura de gestión de riesgos que la
Directiva y el real decreto-ley fomentan. Por ello, el real decreto-ley protege a la entidad
notificante y al personal que informe sobre incidentes ocurridos; se reserva la información
confidencial de su divulgación al público o a otras autoridades distintas de la notificada y se
permite la notificación de incidentes cuando no sea obligada su comunicación.
El real decreto-ley recalca la necesidad de tener en cuenta los estándares europeos e
internacionales, así como las recomendaciones que emanen del grupo de cooperación y de
la red de CSIRT (Computer Security Incident Response Team) establecidos en el ámbito
comunitario por la Directiva, con vistas a aplicar las mejores prácticas aprendidas en estos
foros y contribuir al impulso del mercado interior y a la participación de nuestras empresas
en él.
Con el fin de aumentar su eficacia y, al tiempo, reducir las cargas administrativas y
económicas que estas obligaciones suponen para las entidades afectadas, este real decretoley trata de garantizar su coherencia con las que se derivan de la aplicación de otras
normativas en materia de seguridad de la información, tanto de carácter horizontal como
sectorial, y la coordinación en su aplicación con las autoridades responsables en cada caso.
Respecto a las normas horizontales, destacan los vínculos establecidos con las Leyes
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las
infraestructuras críticas, y 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y con el
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
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