CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 11 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
colegiado responsable de la seguridad de la información, como punto de contacto y de
coordinación técnica con aquella.
Sus funciones específicas serán las previstas reglamentariamente.
4. Las autoridades competentes podrán establecer mediante Orden ministerial
obligaciones específicas para garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información
empleados por los operadores de servicios esenciales. Así mismo, podrán dictar
instrucciones técnicas y guías orientativas para detallar el contenido de dichas órdenes.
Al elaborar las disposiciones reglamentarias, instrucciones y guías, tendrán en cuenta las
obligaciones sectoriales, las directrices relevantes que se adopten en el grupo de
cooperación y los requisitos en materia de seguridad de la información, a las que estuviera
sometido el operador en virtud de otras normas, como la Ley 8/2011, de 28 de abril, y el
Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
5. Las autoridades competentes deberán coordinarse entre sí y con los diferentes
órganos sectoriales con competencias por razón de la materia, en lo relativo al contenido y a
la aplicación de las órdenes, instrucciones técnicas y guías orientativas que dicten en sus
respectivos ámbitos de competencia, con objeto de evitar duplicidades en las obligaciones
exigibles y facilitar su cumplimiento a los operadores de servicios esenciales.
6. Los proveedores de servicios digitales determinarán las medidas de seguridad que
aplicarán, teniendo en cuenta, como mínimo, los avances técnicos y los siguientes aspectos:
a) La seguridad de los sistemas e instalaciones;
b) La gestión de incidentes;
c) La gestión de la continuidad de las actividades;
d) La supervisión, auditorías y pruebas;
e) El cumplimiento de las normas internacionales.
Los proveedores de servicios digitales atenderán igualmente a los actos de ejecución por
los que la Comisión europea detalle los aspectos citados.
7. Los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales que no
siendo operadores críticos se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que utilizan servicios
ofrecidos por proveedores de servicios digitales, en particular servicios de computación en
nube, podrán exigir a los proveedores de tales servicios medidas de seguridad adicionales,
más estrictas que las que dichos proveedores han adoptado en cumplimiento de la
legislación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información. En particular, las
citadas medidas podrán ser exigidas mediante obligaciones contractuales, previo informe
preceptivo y vinculante del Centro Criptológico Nacional.
Artículo 17. Normas técnicas.
Las autoridades competentes promoverán la utilización de regulaciones, normas o
especificaciones técnicas en materia de seguridad de las redes y sistemas de información
elaboradas en el marco del Reglamento (UE) 1025/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre la normalización europea.
En ausencia de dichas normas o especificaciones, promoverán la aplicación de las
normas o recomendaciones internacionales aprobadas por los organismos internacionales
de normalización, y, en su caso, de las normas y especificaciones técnicas aceptadas a nivel
europeo o internacional que sean pertinentes en esta materia.
Artículo 18. Sectores con normativa específica equivalente.
Cuando una normativa nacional o comunitaria establezca para un sector obligaciones de
seguridad de las redes y sistemas de información o de notificación de incidentes que tengan
efectos, al menos, equivalentes a los de las obligaciones previstas en este real decreto-ley,
prevalecerán aquellos requisitos y los mecanismos de supervisión correspondientes.
Ello no afectará al deber de cooperación entre autoridades competentes, a la
coordinación ejercida por el Consejo de Seguridad Nacional ni, en la medida en que no sea
incompatible con la legislación sectorial, a la aplicación del título V sobre notificación de
incidentes.
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