Línea Estratégica 4.2 Crear capacidades en Ciberseguridad para la
aplicación de la ley en el sistema penal de justicia
La ENC 2017 indica que el marco legal de Costa Rica debe tomar en cuenta la necesidad de que los responsables de la aplicación de
la ley investiguen los delitos cibernéticos de manera efectiva y que los equipos de respuesta a incidentes detecten un incidente
con prontitud. Es por ello por lo que las entidades correspondientes deben contar con la autoridad necesaria para disuadir las
amenazas identificadas. En este sentido, la ENC 2017 incluye el desarrollo de capacidades en ciberseguridad para la aplicación de
la ley dentro del sistema de justicia como una línea estratégica. Como curso de acción inicial para lograr esta línea estratégica,
se enfatiza la identificación de áreas clave del sistema de justicia penal que requieren fortalecer sus capacidades y
conocimientos en ciberseguridad. Cuando se preguntó si se implementó esta última actividad, solo el 13% de los encuestados
respondieron afirmativamente.
Un encuestado identificó lo siguiente como un área que requiere fortalecimiento de capacidades: “la Fiscalía adjunta de Fraudes
y Cibercrimen ocupa dotar de más personal que investigue esta materia, ya que la cantidad de fiscales es insuficiente y su
conocimiento principalmente se concentra en la estafa informática. Por lo anterior, también el mismo debe capacitarse más.
De similar manera, la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), requiere
capacitación y recursos.”
Además, aunque el 93% de los encuestados no estaba seguro de si se había colaborado en la generación de capacidades
para áreas clave identificadas, varias respuestas escritas aludieron al hecho de que el poder judicial, a través de la Comisión
de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia del Poder Judicial, tiene como objetivo fortalecer la ciberseguridad del Poder Judicial
y la capacidad de respuesta de la policía judicial, fiscalía y poder judicial en materia de ciberdelito. Asimismo, las respuestas
indican que el Poder Judicial, con el apoyo técnico de organismos internacionales, realiza iniciativas de capacitación, tal y
como lo hace en conjunto con el Consejo de Europa a través del programa GLACY que busca brindar capacitación basada en
la Convención de Budapest.
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