El Consejo de Europa reitera que “la legislación que define claramente la conducta que constituye un delito y establece poderes para asegurar pruebas electrónicas limitadas por condiciones y salvaguardas es la base para una respuesta de justicia penal efectiva frente al ciberdelito y que cumpla con los requisitos de derechos humanos y el estado de derecho.”8 Por lo tanto, intrínsecamente, un marco legislativo sólido solo puede fortalecer los poderes de investigación que permiten abordar el delito cibernético. Línea Estratégica 4.1 Fortalecer el marco normativo y procesal en ciberdelincuencia Como primer paso para combatir el ciberdelito, la ENC 2017 estipula la necesidad de revisar el marco legal, regulatorio y procesal existente relacionado con el ciberdelito. Consecuentemente, la estrategia indica que se debe constituir un comité especializado que revise la normativa vigente para garantizar la existencia de herramientas procesales adecuadas en el ámbito del ciberdelito, a lo que solo el 21% de los encuestados indicaron que se empleó dicha acción. Las respuestas escritas destacaron que existe una Comisión de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia el Poder Judicial, pero no es claro si dicho comité tiene el mandato de revisar la legislación existente para garantizar que las herramientas procesales sean las adecuadas para abordar el ciberdelito. 8 https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/global-state-of-cybercrime-legislation-update- 20

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