devastadoras para el país, e incluso podría ocasionar la pérdida de gobernabilidad en pocos minutos. De esta manera, es indispensable generar una estrategia de protección de la infraestructura crítica cibernética en el país, culminando el proceso de catalogación de dicha infraestructura bajo un enfoque de gestión de riesgos de seguridad digital, y vinculando activamente a las múltiples partes interesadas, especialmente al sector privado. En cuanto a ciberterrorismo, el informe final presentado en el 2015 por el Grupo de expertos gubernamentales sobre avances en la información y las telecomunicaciones, en el contexto de la ciberseguridad internacional de Naciones Unidas, resalta la utilización de las TIC con fines de terrorismo. Dicha utilización trasciende a las habituales actividades de reclutamiento, financiación, capacitación e incitación, llegando a la comisión de atentados terroristas contra las TIC o infraestructuras dependientes de estas tecnologías. Temas que si no se abordan pueden amenazar la seguridad ciudadana, la paz y la seguridad internacional. Es de señalar que el país se ha visto afectado por fenómenos que pueden impactar la seguridad y los medios de defensa existentes. Estos fenómenos se caracterizan no sólo por su incremento y lugares de procedencia, sino también por su complejidad y sofisticación mediante el uso de técnicas cada vez más especializadas, trayendo como consecuencia un mayor grado de dificultad en la anticipación, detección oportuna y contención. La situación señalada es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el Gobierno nacional actualmente no recibe información sobre incidentes por parte de las múltiples partes interesadas, con el fin de priorizar y emitir lineamientos para garantizar la defensa y soberanía nacional. Además, existen sectores de la economía que no han creado sus equipos de respuesta y, por lo tanto, no disponen de una instancia para reaccionar a los incidentes digitales de modo centralizado y especializado, no tratan las cuestiones jurídicas en la materia de manera homogénea dentro del sector específico, no adelantan seguimiento de manera unificada a las principales tipologías de riesgos, entre otros. Por consiguiente, es necesario promover la creación de nuevos CSIRT sectoriales, que permitan la adecuada gestión de incidentes digitales en los diversos sectores de la economía. 4.5. Los esfuerzos de cooperación, colaboración y asistencia, nacionales e internacionales, relacionados con la seguridad digital son insuficientes y desarticulados La naturaleza transnacional del delito cibernético y del cibercrímen, en particular la volatilidad de la evidencia electrónica, implican que la justicia penal no puede ser efectiva sin una cooperación internacional eficiente. 46

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