para lograr nuevos desarrollos en esta materia. Las capacidades desarrolladas por estas
nuevas instancias brindarían al país mayor autonomía.
Para garantizar la pertinencia de la creación de las nuevas instancias, el Ministerio de
Defensa Nacional efectuará los estudios de viabilidad que sean necesarios, y creará las que
resulten viables. Deberá analizar, al menos, la viabilidad de la creación de las siguientes
instancias:
Centro criptológico nacional
Centro de excelencia de seguridad digital
Centro de fusión para investigación de crímenes económicos y financieros
Centro de comunicaciones, cómputo, control y comando para la seguridad digital
Observatorio de crímenes y delitos en el entorno digital.
Laboratorio de informática forense.
Centro de investigación en seguridad digital.
E3.2. Adecuar el marco jurídico sobre los delitos cibernéticos, cibercrímenes y
fenómenos en el entorno digital (DE2)
Según el BID y la OEA (2016), la efectividad de la justicia penal es parte esencial de
una estrategia de seguridad cibernética. Esto comprende la investigación, la fiscalización y
la adjudicación de delitos en contra, y por medio de datos y sistemas informáticos, al igual
que la obtención de evidencia electrónica relacionada con cualquier delito, para propósitos
del proceso penal. Según los autores mencionados, el marco jurídico, que incluye el derecho
sustantivo (la conducta a ser definida como delito) y el derecho procesal (los poderes
investigativos para la aplicación de la ley), son fundamentales para que tenga lugar la
respuesta de la justicia penal y debe cumplir con varios requisitos:
Debe ser lo suficientemente neutral (tecnológicamente) como para responder a la
evolución constante del crimen y de la tecnología, ya que de no ser así corre el peligro
de volverse obsoleta cuando entre en vigor.
Los poderes para la aplicación de la ley deben estar sujetos a salvaguardias con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requerimientos del Estado de derecho y de los
derechos humanos.
Debe operar con suficiente armonía o por lo menos ser compatible con las leyes de
otros países, para permitir la cooperación internacional; por ejemplo, el cumplimiento
con la condición de la doble criminalidad.
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