A/76/136 de evaluar la legalidad de la conducta de un Estado. El uso de operaciones cibernéticas hostiles para manipular el sistema electoral de otro Estado con el fin de alterar los resultados de unas elecciones, así como socavar la estabilidad de su sistema financiero, o actuar contra los servicios médicos esenciales de otro Estado podrían, por lo tanto, dependiendo de las circunstancias, incumplir la prohibición del derecho internacional en materia de intervenciones. 10. La Corte Internacional de Justicia ha determinado que son consideradas intervenciones prohibidas todas aquellas que afectan a asuntos en los que cada Estado puede, en virtud del principio de soberanía de los Estados, decidir de forma libre. La soberanía como principio general es un concepto fundamental en el derecho internacional. Habida cuenta de lo anterior, el Reino Unido recuerda que toda prohibición de las actividades de los Estados ya sea en relación con el ciberespacio u otros asuntos, deberá estar claramente establecida en el derecho internacional consuetudinario o en un tratado vinculante para los Estados implicados. El Reino Unido no considera que el concepto general de soberanía constituya en sí una base clara o suficiente que permita extrapolar una norma concreta o incorporar una prohibición adicional de conducta cibernética que vaya más allá de la no intervención antes mencionada. De igual forma, el Reino Unido señala que puntos de vista divergentes sobre estos asuntos no deberían impedir que los Estados puedan evaluar si situaciones concretas constituyen actos internacionales ilícitos y llegar a conclusiones comunes con respecto a dichos asuntos. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y ATRIBUCIÓN 11. El derecho internacional hace responsables a los Estados de toda actividad cibernética que les sea atribuible, en virtud de las normas de responsabilidad de los Estados. La responsabilidad de un Estado con respecto a actividades que tengan lugar en su territorio, incluidas aquellas relacionadas con actividades en el ciberespacio está por lo tanto determinada en función de las normas de derecho internacional de responsabilidad del Estado. Al igual que es responsable por los actos de sus órganos y agentes, en virtud del derecho internacional la responsabilidad también recae sobre dicho Estado cuando, por ejemplo, un individuo o grupo de individuos actúa bajo sus instrucciones o bajo su control o dirección. 12. La norma 13 (c) del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas establece que los Estados no deberán permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado para cometer actos ilícitos internacionales utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dicha norma incorpora orientaciones acerca de todo aquello que puede constituir comportamiento adecuado por parte de un Estado. El Reino Unido reconoce la importancia de que los Estados tomen medidas apropiadas, razonablemente disponibles, y que puedan ser llevadas a la práctica dentro de sus posibilidades para hacer frente a actividades que sean consideradas perjudiciales, con el fin de lograr una mayor estabilidad del ciberespacio en interés de todos los Estados. Cabe señalar que cuando los Estados se refieren a esta norma como no vinculante, queda patente que no existe aún una práctica de los Estados suficiente para crear una norma de derecho internacional consuetudinario de “diligencia debida” que sea aplicable a las actividades en el ciberespacio. 13. El término “atribución” se emplea con relación al ciberespacio tanto en un sentido jurídico como no jurídico. En el primero de los casos se utiliza para aludir a la identificación de aquellos individuos responsables de un acto ilícito internacional. También se emplea en un sentido no jurídico para describir la identificación de autores (incluidos actores no estatales) que hayan llevado a cabo conductas cibernéticas que podrían ser consideradas hostiles o de uso malintencionado, pero sin que impliquen necesariamente la comisión de un acto ilícito internacional. 21-09670 133/142

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